La región Ch’ortí de Guatemala, presenta un panorama preocupante en el tema del recurso agua, donde se visualiza una creciente debilidad en la Gestión Integrada de dicho recurso, principalmente por la poca capacidad del gobierno en atender estos servicios en las comunidades, lo cual incrementa la desconfianza de la población en sus gobiernos locales.
La llamada crisis del agua, es esencialmente una crisis de gobernabilidad, directamente relacionada con los desafíos ambientales, sociales, económicos y políticos, que plantea una gestión más eficiente de este recurso vital. La forma en que las sociedades organizan sus asuntos relativos al agua tiene una importancia crítica para la promoción de una estrategia integral de desarrollo enfocada en combatir la pobreza.
La gobernabilidad efectiva requiere cambios en las actitudes y conductas de los individuos, los profesionales, y de quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones. La participación de todos los actores resulta imprescindible para implementar tales cambios, porque permite tomar decisiones más y mejor informadas, facilita la solución de conflictos, garantiza que sea escuchada la voz de los grupos usualmente marginados como las mujeres o indígenas, ofrece a la gente la oportunidad de conocer y asumir sus responsabilidades, y la de reclamar sus derechos.
Para garantizar la sostenibilidad, es necesario otorgar más poder a la gente en el nivel local, promover la auto confianza y velar por la justicia social, poniendo en práctica principios de equidad, responsabilidad y transparencia. Para incorporar esos principios de la gestión en la vida real suele ser necesario trascender las formas tradicionales de gobernabilidad del agua, usualmente dominadas por un enfoque vertical a cargo de expertos profesionales del gobierno y el sector privado, para moverse hacia un proceso de gestión desde la base, que permita aprovechar también la experiencia, el conocimiento y la comprensión de los grupos locales y de la población.